Gobierno impulsa trascendentales reformas para combatir narcotráfico y crimen organizado

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• Presidenta firma proyecto para crear nuevo tipo penal relacionado con organizaciones criminales
• Plantea reforma constitucional para permitir participación de policías en intervenciones telefónicas con autorización de juez.
• Costa Rica propondrá a Naciones Unidas declarar al narcotráfico amenaza para la seguridad y la paz mundial

Heredia, 28 de noviembre de 2012. El Gobierno de la República impulsará una serie de reformas y propuestas para combatir con mayor efectividad el narcotráfico y el crimen organizado, entre ellas, permitir la extradición de nacionales, autorizar la participación de la policía de investigación en las escuchas telefónicas con autorización de juez, sancionar la pertenencia a organizaciones criminales, ampliar el patrullaje conjunto a aguas del Pacífico centroamericano y elevar ante el Consejo de Seguridad de las NNUU la preocupación por el narcotráfico y el crimen organizado.

El anuncio lo hicieron la presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda; el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora y el viceministro de la Presidencia y Comisionado Nacional Antidrogas, Mauricio Boraschi, en el marco del 52° periodo ordinario de sesiones de la Reunión de la Comisión Interamericana contra el Abuso de la Drogas, CICAD-OEA, organismo que por primera vez presidirá Costa Rica.

Al efectuar el anuncio de las medidas, la Presidenta Chinchilla, enfatizó en que "enfrentamos una lucha desproporcionada contra mafias que poseen una capacidad material y operacional como nunca antes había conocido la humanidad, por lo que se requieren acciones nacionales, regionales y mundiales más decididas y efectivas."

La Presidenta anunció que se está presentando a conocimiento de la Asamblea Legislativa una reforma al artículo 32 de la Constitución Política, para permitir la extradición de nacionales cuando sean requeridos por la justicia de otros país, siempre y cuando la extradición sea concedida por un tribunal de la República y con las garantías y el procedimiento definido por la legislación nacional. Esta medida atiende, el hecho de que cada vez se detectan más costarricenses por nacimiento o adopción de nacionalidad que hacen parte de redes de crimen organizado transnacional y que utilizan nuestro territorio para protegerse de la persecución de la justicia por parte de otros países.

También informó que se está proponiendo una modificación al artículo 24 de la Constitución Política para permitir la participación de la policía de investigación en intervención de las comunicaciones en el caso de delitos asociados al narcotráfico y crimen organizado, previa autorización de un juez. En la actualidad, las escuchas solamente las puede atender un juez que muchas veces no cuenta ni con la preparación ni con el contexto en que se desarrollan las investigaciones policiales, lo que resta efectividad a la lucha contra este tipo de ilícitos.

Además de las dos reformas constitucionales, se enviará también una reforma al artículo 281 del Código Penal para tipificar la criminalidad organizada como tal, adicionando un nuevo artículo al Código denominado "Pertenencia a una organización criminal". El artículo establece que "será reprimido con prisión de cuatro a siete años a quien forme parte de un grupo delictivo organizado, nacional o transnacionalmente, compuesto por dos o más personas independientemente del tiempo que opere la organización y cuyo objetivo sea la obtención directa o indirecta de beneficios económicos o de cualquier otra índole, destinados a cometer uno a más delitos graves".

La Presidenta Chinchilla también instruyó a la Cancillería para que emprendiera dos gestiones. La primera de ellas es la negociación de un Tratado de Patrullaje Conjunto en el Pacífico, emulando las características del que ya está vigente en el Mar Caribe. La segunda es intensificar las gestiones ante Naciones Unidas para sensibilizar al Consejo de Seguridad sobre la importancia de declarar al narcotráfico como una amenaza para la seguridad y la paz mundial. "Necesitamos enviar un mensaje muy claro a la comunidad mundial de los efectos que este flagelo tiene para nuestros países y que ésta no es una lucha que pueda recaer exclusivamente sobre nuestras naciones, sino que debe atenderse como tema prioritario en el plano internacional, al igual que se ha hecho con el terrorismo en el pasado".

La mandataria felicitó a los representantes de todo el hemisferio que acudieron a la Asamblea, por los avances en el diseño de un instrumento multilateral para la evaluación del desempeño de los países en la lucha contra el narcotráfico y abogó por la necesidad de abordar aspectos aún no resueltos en el debate y en la lucha contra el narcotráfico.